Por Juan Cruz San Martín
Las instituciones, el Estado, tienen una responsabilidad indelegable en la protección de niños, niñas y adolescentes. Esa obligación adquiere una dimensión aun mayor cuando se trata de personas que enfrentan importantes barreras para comunicar una situación de violencia o pedir ayuda. Sin embargo, dos hechos ocurridos en contextos diferentes volvieron a poner ese deber bajo la lupa. En Chile, un asesor político pronunció una frase de connotación sexual sobre niños con autismo: "son los que no hablan", que generó un amplio repudio. En Argentina, la investigación judicial iniciada en 2024 contra el exdiputado provincial Germán Kiczka por delitos vinculados al material de abuso sexual infantil recordó que ninguna institución está exenta de la obligación de prevenir, detectar y actuar frente a este tipo de delitos. Son hechos distintos - aunque ambos protagonistas son afines a las políticas de derecha que representan sus gobiernos actuales-. Pero ambos nos obligan a hacernos una pregunta que trasciende lo contextual, la coyuntura: ¿tenemos o estamos construyendo instituciones capaces de proteger especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades para pedir ayuda?
La respuesta no puede construirse únicamente desde la conmoción que generan estos casos. Tampoco alcanza con condenar una frase o esperar el resultado de una investigación judicial. Si el objetivo es prevenir nuevas situaciones de violencia, resulta indispensable preguntarnos qué sabemos sobre estas problemáticas y qué obligaciones tienen el Estado y las instituciones frente a quienes presentan un mayor riesgo de sufrirlas.
La evidencia científica ofrece una respuesta clara. Una revisión sistemática publicada en The Lancet Child & Adolescent Health, que analizó información de más de 16 millones de niños y niñas de distintos países, estimó que uno de cada tres niños con discapacidad ha sufrido alguna forma de violencia y confirmó que presentan un riesgo significativamente mayor que sus pares sin discapacidad. Lejos de tratarse de casos aislados, los datos muestran un problema persistente que exige respuestas institucionales sostenidas.
Pero este punto requiere una aclaración fundamental. El problema no es la discapacidad. Tampoco que algunos niños no utilicen el lenguaje verbal para comunicarse. El verdadero problema aparece cuando esas diferencias se encuentran con instituciones que no saben escuchar, no saben detectar señales de alarma o no cuentan con herramientas para intervenir a tiempo. La mayor exposición a la violencia no está determinada por una condición individual. Está asociada a barreras sociales e institucionales que dificultan el ejercicio efectivo de derechos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF vienen advirtiendo desde hace años que las barreras en la comunicación, la dependencia de terceros, la escasa educación sexual accesible y las respuestas institucionales insuficientes incrementan el riesgo de violencia y dificultan la detección temprana de los abusos. Por eso la frase pronunciada en Chile resulta especialmente preocupante. No sólo por su contenido, sino porque refleja una realidad ampliamente documentada científica y empíricamente: quienes ejercen violencia suelen aprovechar aquellos contextos donde creen que tendrán menos posibilidades de ser descubiertos o denunciados. Frente a esa realidad, la respuesta no puede limitarse al repudio. Debe traducirse en políticas de prevención, capacitación, supervisión y control que reduzcan esas condiciones de riesgo.
Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 26.061, establecen obligaciones concretas. No alcanza con reaccionar cuando el daño ya ocurrió. Los Estados deben adoptar medidas para prevenir la violencia, garantizar entornos seguros y asegurar mecanismos de denuncia accesibles. La protección efectiva exige actuar antes, durante y después de una situación de riesgo.
Eso implica escuelas que sepan identificar señales de alarma; equipos de salud capacitados para detectar indicadores de violencia; espacios terapéuticos con protocolos claros de actuación; organismos administrativos de protección de derechos accesibles; una Justicia preparada para escuchar a quienes se comunican de maneras diversas; y un Estado que supervise, articule y fortalezca cada uno de esos dispositivos. Ese es el sentido del paradigma de la protección integral: la garantía de derechos no depende de una institución aislada, sino del funcionamiento coordinado de toda una red de protección.
Los hechos que dieron origen a esta reflexión pasarán. Como ocurre con toda noticia, dejarán de ocupar los titulares. La pregunta que plantean, en cambio, permanecerá. Porque la verdadera discusión no es sobre una frase pronunciada en Chile ni sobre una causa judicial en la Argentina. La verdadera discusión es si estamos construyendo instituciones capaces de proteger de manera efectiva a quienes enfrentan mayores barreras para pedir ayuda.
La calidad de una sociedad comprometida con los derechos humanos no se mide únicamente por la severidad con la que sanciona los delitos cuando ya fueron cometidos. También se mide por su capacidad para prevenirlos. Y esa capacidad depende de todo el sistema educativo, de salud, de los espacios terapéuticos, los organismos de protección de derechos, la Justicia y de que el conjunto del Estado estén preparados para escuchar, actuar y proteger antes de que sea demasiado tarde.
El derecho a vivir una vida libre de violencia no admite excepciones. Mucho menos para quienes más necesitan que quienes tienen la responsabilidad de protegernos cumplan con su deber.