Por Juan Cruz.


A las siete de la mañana, una madre prepara a su hijo para ir a terapia. Lo despierta, lo viste, le organiza la mochila e intenta sostener una rutina que costó años construir. Pero desde hace días sabe que el transporte ya no va a pasar.

La empresa o el prestador le avisó que no puede seguir cubriendo el recorrido. Las demoras en los pagos, las tarifas desactualizadas y el aumento de los costos volvieron inviable sostener el servicio. Y detrás de esa explicación administrativa aparece lo más importante que es un chico que pierde continuidad terapéutica, una familia que queda sola y un derecho que empieza a romperse.

La escena se repite en distintos puntos del país. Hay familias que reciben llamados suspendiendo recorridos, instituciones que reorganizan horarios como pueden y prestadores que advierten que ya no logran cubrir los costos básicos para seguir trabajando.

Muchas veces se habla de “crisis del sistema” como si se tratara de algo abstracto o lejano. Pero la realidad tiene consecuencias concretas. Hay chicos que pierden tratamientos, personas con discapacidad que dejan de asistir a sus espacios y familias que tienen que reorganizar toda su vida porque un apoyo básico dejó de funcionar.

Sabemos qué está pasando. Prestadores de transporte denuncian pagos con demoras de hasta 90 días por parte de PAMI e Incluir Salud, mientras las tarifas quedaron completamente atrasadas frente al aumento del combustible, los seguros, los repuestos y los costos operativos.

Cuando el sistema deja de ser viable económicamente, el impacto no queda en una planilla. Lo sufren las personas.

En algunas regiones ya hay servicios suspendidos y familias que directamente dejaron de contar con los traslados. Y eso ocurre en un contexto donde el transporte público accesible sigue siendo insuficiente. La gratuidad muchas veces existe en la norma, pero no en la práctica. La accesibilidad continúa siendo una deuda estructural.

Por eso es importante decir con claridad que esto no es un conflicto sectorial entre prestadores y organismos. Es un problema de derechos.

Porque el transporte en discapacidad no es un beneficio extra ni un privilegio. Es el soporte que permite acceder a terapias, a la escuela, a controles médicos y a espacios de inclusión social. Cuando ese soporte se cae, lo que se rompe es mucho más profundo.

También preocupa el contexto general en el que ocurre esta situación. Mientras se profundizan los recortes y las demoras, avanzan discursos que intentan reducir la discapacidad a una mirada sanitaria y restrictiva, alejándose del modelo social que reconoce apoyos, autonomía e inclusión.El resultado es siempre el mismo: familias más solas, instituciones más debilitadas y personas con discapacidad viendo vulnerados derechos básicos.

Por eso tenemos que apoyar y movilizarnos junto a prestadores, instituciones y familias. Porque nadie está defendiendo un negocio. Se está defendiendo algo mucho más elemental que es la posibilidad de sostener una vida digna.

No podemos naturalizar que un chico pierda su terapia porque el transporte dejó de ser rentable. No podemos aceptar que una familia tenga que elegir entre trabajar o trasladar a su hijo porque el sistema dejó de responder.

El Estado tiene la obligación de garantizar estos apoyos. No como un favor. Como un derecho.

Porque cuando el transporte no llega, lo que también deja de llegar es la inclusión.